EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO: UNA ESCLAVITUD TOLERADA
Por Johan Villanueva* 21 de febrero del 2025
Por Johan Villanueva* 21 de febrero del 2025
Una dicotomía esencial para comprender las relaciones sociales es la del individuo y el Estado. El primero, siempre en busca de su libertad; el segundo, está limitándola constantemente desde su génesis. Desde sus inicios, se ha defendido la existencia del Estado al considerarlo una institución destinada a proteger el bienestar común de su población. No obstante, este planteamiento se debilita al preguntarnos por qué hemos aceptado que un grupo gobernante pueda forzar a un grupo gobernado a enfrentarse en batallas contra otros sin comprender realmente por qué aquellos son considerados “enemigos”. Esta práctica (que anula la voluntad individual) resulta contraproducente, ya que no preserva la seguridad de los individuos, sino que protege los intereses de los gobernantes a costa de las vidas de los gobernados.
El fotógrafo germano-estadounidense Erich Hartmann mencionó con sorprendente lucidez, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan». Esta perspectiva, aunque aborrecible para algunos conservadores, no pierde vigencia en el tiempo presente, donde ciertos Estados coaccionan a su población mediante el servicio militar obligatorio. Si bien algunos argumentan que esta medida es inofensiva en tiempos de paz y que la vida de los reclutas no corre peligro inmediato, se ignora la coerción inherente al reclutamiento forzoso y la incertidumbre que caracteriza a los cambios geopolíticos. No se trata simplemente de una crítica frente a un peligro virtual, sino de una queja contra la instrumentalización de los individuos, llamados eufemísticamente «ciudadanos patriotas», con el fin de convertirlos en los brazos belicosos del gobierno.
El parangón del servicio militar obligatorio con la esclavitud no es una exageración. Esta última institución, mediante la que se instrumentaliza a seres humanos por siglos, no ha sido completamente erradicada y mucho menos repudiada de forma sistemática, sino que su ejercicio ha sido prohibido para «beneficio» de los privados manteniéndose un monopolio en favor del Estado. Cuando Abraham Lincoln defendió la manumisión de todo esclavo, se refería, quizá con poca o menos consciencia, a la extinción del sometimiento ante otro individuo, mas no frente a la quimera absolutista que constituye el Estado. De otra forma no podría explicarse cómo décadas después, en Estados Unidos, a pesar de tan grande conquista liberal, se haya permitido el reclutamiento sistemático de jóvenes para luchar en guerras en países cuyos nombres no conocían hasta que se les hubo comunicado su obligación a servir.
Si se entiende a la libertad como la ausencia de coacción y la coacción como la situación en la que uno actúa en satisfacción de la voluntad de otro, queda claro que cualquier acto que uno se vea obligado a ejercer bajo la coacción estatal sigue siendo un atentado contra la libertad que se tolera –aunque suene increíble en un mundo tan civilizado como el presente–. Esta aceptación casi indiscutida se ha sedimentado en el sentimentalismo emanado del patriotismo, el cual, no deja de ser un concepto abstracto que hiperboliza el sentimiento de identidad de uno para con su familia y su comunidad inmediata. Poco afinidad puede sentir un citadino capitalino con un habitante de los límites de su patria si no hubiera el “patriotismo” para enlazar sus realidades tan distintas. Buena sería su exclusiva existencia para la búsqueda de cooperación en defensa de la libertad; no obstante, se ha utilizado para justificar la esclavitud.
Por otro lado, ha de entenderse que, para los jóvenes, el servicio militar implica un sacrificio de tiempo en desmedro de sus propias ambiciones. Este ha de durar meses o incluso años, en los pueden ser objeto de vejaciones, bajo la amenaza de una condena en caso de huir o no presentarse. Ejemplo de esto es el Estado de Israel, cuyo servicio militar en los hombres dura un mínimo de 36 meses, mientras que el de las mujeres, un mínimo de 24. Todo esto bajo la amenaza de ser encarcelados por desobediencia hasta por dos años sin importar las disidencias ideológicas o si se es objetor de conciencia.
El reclutamiento forzoso es la cara más oscura del servicio militar obligatorio. Al obligar a los ciudadanos a servir en el ejército, el Estado los convierte en meras herramientas para sus propios fines, exponiéndoles no solo a un sacrificio de tiempo, sino también a una potencial muerte. Esta práctica, lejos de ser patriótica, es una coacción que vulnera los derechos fundamentales del individuo. Ucrania es un claro ejemplo de esta realidad: la movilización forzada ha generado un profundo temor entre la población. El Estado ya ni siquiera disimula su poca estima hacia sus ciudadanos al haber aprobado una ley que establece la implementación de un entrenamiento militar básico para todos los hombres en mayoría de edad a fin de ser condenados a una muerte casi segura en un conflicto que no han elegido combatir.
Este artículo no pretende negar la necesidad de un ejército para garantizar la seguridad nacional, pero sí cuestiona la práctica de obligar a los ciudadanos a servir en las fuerzas armadas. Toda persona debe tener la libertad de decidir si desea servir a su país, y esa decisión debe ser voluntaria y consciente. El hecho de que los jóvenes muestren menos entusiasmo por el servicio militar debe entenderse como una demanda de respeto a su voluntad. Los gobiernos deberían reflexionar sobre las razones por las cuales el servicio militar ha dejado de ser atractivo para los jóvenes y replantear un sistema de defensa nacional basado en el voluntariado. Cualquier posición distinta solo es una excusa para la instrumentalización del sistema de defensa nacional en desmedro de los derechos naturales intrínsecos de cada individuo.
* Estudiante de Derecho UNMSM. Redactor del Frente Crítico Universitario. Miembro principal del Taller de Derecho Constitucional. Secretario de la Junta Directiva del FCU .
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