¿POR QUÉ LA LEY DEL CINE NO SIRVE (Y DEBERÍA ELIMINARSE)?

El pasado 11 de marzo, mi familia y yo fuimos al Cineplanet de Puno, con la finalidad de impulsar el cine local. La película seleccionada fue Reinaldo Cutipa, una cinta financiada por el Ministerio de Cultura hasta por S/650 mil (DAFO, 2024) y, en síntesis, se trató de un adulto de 30 años, que tuvo relaciones sexuales con una joven de 17 años y, luego, con su madre. Durante dos horas, vi cómo el protagonista orinaba, defecaba y consumía sustancias hasta perder la conciencia.

Mientras esta película se proyectaba, no pude sino preguntarme lo siguiente: ¿Esta es la “cultura” que se promueve desde el Gobierno peruano? ¿En esto se van los impuestos de los contribuyentes? Al término del espectáculo, el señor de limpieza preguntó a la sala si les había gustado la película, la respuesta no se hizo esperar: los lugareños pifiaron y, otros, alzaron su voz de disconformidad y de protesta (incluyéndome) por este largometraje silencioso, obsceno y extremadamente largo.

De camino al hotel, que se encontraba en Plaza de Armas, me acordé de que cientos de millones de soles se habían despilfarrado de esta forma desde 2019, gracias a Martín Vizcarra y a Salvador del Solar. Pese a la pandemia, pese a la crisis política y pese a las necesidades básicas que existen en la macrorregión sur del Perú, la Ley del Cine siguió entregando 6.000 UIT a las industrias por el simple hecho de ser peruanas (Decreto de Urgencia, 2019). Por ende, en este artículo, quisiera comentar tres motivos por los que considero inviable la Ley del Cine en el país.

• Primer argumento: Favoreció a los allegados de Salvador del Solar

Existen fallos de origen en la ley del cine peruano. En primer lugar, esta no fue concebida como una iniciativa nacional, sino una mercantil; pues Salvador del Solar, el entonces Premier de Martín Vizcarra, poseía el 50% de las acciones en Péndulo Films SAC (Redacción Gestión, 2019). En pocas palabras, el impulsor de esta ley buscó intencionalmente expandir su negocio particular al sector público. Este conflicto de interés se puede ejemplificar en dos periodos: 2012 y 2023. En el primer año, Del Solar cobró S/550 mil del Estado para producir Magallanes; mientras que, para el segundo, cobró S/800 mil para producir Un lugar para Ramón (MINCU, 2024).

Por otro lado, Salvador Del Solar favoreció a sus amigos más allegados de la cinematografía. Por ejemplo, él fue colaborador de Astronautas, una cinta subsidiada por el Gobierno, que fue “de su gran amigo Paul Vega ya que juntos se iniciaron en la carrera de actuación” (Redacción EC). Al mismo tiempo, en la producción estuvo su compañera de películas Angie Cépeda, con quien había trabajado en varios proyectos. ¿A qué quiero llegar con este punto? Por un lado, su amigo cercano, Paul Vega, cobró en total S/675 mil del Estado (MINCU, 2024) y, por otro lado, él y su otra amiga cercana, Angie Cépeda, salieron favorecidos con dicha remuneración.

En consecuencia, la ley del cine peruano fue hecho a la medida de un burócrata o, en palabras de Álvarez (2019), Del Solar fue un político que logró “que sus amigos, productores y directores de cine, realicen empresa privada con dinero de nuestros impuestos”. Según Sumar (2019), estas empresas que se postulan para recibir dinero ajeno son grupos de interés y no benefician del todo a la sociedad: investíguese el caso de Francia y de Corea del Sur (párr. 04).

• Segundo argumento: Realiza proselitismo político con el dinero ajeno

En segundo lugar, los documentales promocionados tienen una carga ideológica marcada, la cual generalmente favorece a la izquierda peruana. En este sentido, se aprecian producciones en contra de la minería privada (Hija de la Laguna, 2015); a favor de una dictadura militar encabezada por Juan Velasco Alvarado (La Revolución y la Tierra, 2019); a favor de un guerrillero trotskista, que asesinó a dos policías (Río Profundo, 2020) y muy favorable a un político marxista de la Izquierda Unida (Rojo Profundo, 2023). Lejos de exaltar los símbolos patrios o a los héroes nacionales, lo que hace la Ley del Cine es favorecer a figuras públicas alabadas solo por un puño de partidos.

Me permito realizar un paréntesis antes de continuar: no está mal realizar documentales a favor o en contra de ellos, siempre y cuando sea financiado con el dinero de los militantes y simpatizantes. Este es el caso del Partido Aprista Peruano, que en 2021 produjo el documental 1214: No tememos a los cobardes, en el que narran la vida de los mártires apristas que murieron en manos de Sendero Luminoso; por otro lado, está el documental Justicia para Alan, en el que narran los días finales del expresidente antes de su suicidio. Además, por el centenar de su fundación, Cabanillas (2024) señala que se prepararán otros tres documentales estrictamente con el dinero de sus seguidores.

¿A qué quiero llegar con este segundo punto? Los productores de la Revolución y la Tierra, luego de haber recibido S/230 mil del Gobierno, promocionaron las marchas de noviembre del 2020, la candidatura de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) en primera vuelta y de Pedro Castillo (Perú Libre) durante la segunda vuelta. Sin embargo, no realizaron ningún acto de protesta durante los 08 meses que gobernó Sagasti o los 16 meses que gobernó Castillo sino hasta la llegada de Dina Boluarte. En otras palabras, al igual que Argentina, el Estado termina financiando a los activistas.

Por ejemplo, en este documental se ve cómo se alabó una marca partidaria (Frente Amplio), cómo se celebró la propuesta de una segunda reforma agraria (Nuevo Perú), cómo se exclamó el pedido de una revolución; cómo se excluyeron las masacres de Huanta, Pamplona, Cobriza y Lima; el endeudamiento extremo y el déficit fiscal; el control total de los medios en 1974; el fracaso de las empresas públicas y el auge de la burocracia; entre otros crímenes del dictador (IEP, 2022). Es más, durante la primera vuelta TV Perú, el canal del Estado, quería promocionarlo para favorecer a dos candidaturas políticas. Insisto, todo esto con el dinero de los contribuyentes.

• Tercer argumento: Tiene poca relevancia (y rentabilidad) en la coyuntura actual

Según Kantar (2024), las prioridades de los peruanos para este año se centran en la inflación y en el aumento de precios (71.3%); la violencia e inseguridad ciudadana (67.5%); la crisis económica mundial (45.4%); la salud y el estado físico (39.6%); y las catástrofes naturales (33.1%). ¿Por qué menciono las principales preocupaciones de los ciudadanos? Por un lado, porque en contextos tan vulnerables como estos, lo que menos se debe hacer es despilfarrar el fisco. Por otro lado, porque el financiamiento de largometrajes no aparece ni en las doce principales preocupaciones de ellos.

Entregar 6.000 UIT para la producción de películas locales es un despropósito, pues descuida un significativo monto que podría emplearse en el sector salud, educación y seguridad. Además, este proyecto no favorece necesariamente a las regiones o a las provincias más apartadas de la capital. Según Ferreira (2019), apenas el 40% del monto es destinado a películas en los exteriores de Lima y, en lo que respecta a los cines, solo se proyecta en Cineplanet San Miguel (a pocos metros de la Universidad Católica) y en no más de seis salas a nivel nacional. Además, en algunos casos, genera pérdidas millonarias, ya que poca audiencia concurre a su sala. Por ejemplo, en “el año 2015 el Estado Peruano repartió 1,740,000.00 soles para el financiamiento de 7 filmes los cuales tuvieron una taquilla de 728,511.00 soles es decir solo un 58% del costo de la producción” (Ferreira, 2019, párr. 06). Otro caso para estudiar es la película Encadenados, que costó a los contribuyentes S/440 mil y fue vista solo por 1.500 personas. En otras palabras, pese a generar gastos millonarios al fisco y no tener rentabilidad (ni visualizaciones) en el mercado, se persiste con la idea de financiarlos “a como dé lugar”.

• Conclusiones

La Ley del Cine, a rasgos generales, aparenta ser una iniciativa pública provechosa para la cultura peruana. Empero, desde su publicación en 2019 hasta la fecha, tuvo resultados muy cuestionables: mercantilismo con allegados de Del Solar, proselitismo político con los partidos de la izquierda peruana, despilfarro del erario en desmedro de los sectores que, verdaderamente, preocupan a los peruanos y poca rentabilidad económica. Lo ideal, en consecuencia, sería eliminarlo por completo o, en caso contrario, aprobar la Ley Tudela que propone una notable reducción a su presupuesto.

El Gobierno peruano debe centrar su atención en dos metas: reducir la pobreza y la desigualdad. En ninguna circunstancia debe apartar su objetivo solo para financiar música, cortos, películas u otro material audiovisual. Por el contrario, si desea promover la competencia y el financiamiento en el rubro cinematográfico, puede dar recortes tributarios a las empresas para que estas financien películas o, mejor aún, puede quitar todo tipo de impuestos en la maquinaria y en el traslado. La solución es dar una mayor libertad económica al individuo que darle una dependencia estatal 

*Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miembro de Exprésate País, del Frente Crítico Universitario y de SFL. Creador de contenido en Somos Libres y en Política Peruana con DTR.

** Frente Crítico Universitario podrá no estar de acuerdo con muchas de las posturas de sus redactores, pero defenderá el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona que decida publicar con nosotros, aún si estas son críticas a nuestra organización.